La operación Falcón, llevada a ca­bo por el Ministerio Público (MP) contra una alegada red de narco­traficantes y por la cual acusa a por lo menos 21 imputados, muestra una serie de lecturas preocupantes donde la im­punidad y la complicidad nueva vez se anidan en perjuicio de la sociedad que ya ha perdido la capacidad de asombro.

Lamentablemente la clase política ha salido embarrada en este expediente, donde según el MP los encartados financiaban campañas de al­gunos candidatos a los fines de tener protección y privilegios. Según la acusación, el grupo tra­ficaba un volumen de dos mil 500 kilos de co­caína a la semana, que eran enviados a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, llegando a acu­mular inversiones por lavado de activos cerca­nas a los 10 mil millones de pesos.

Lo mas grave del caso es que, pese a que en los 80 allanamientos realizados por el MP se in­cautaron bienes muebles e inmuebles que pu­dieran superar los cincuenta mil millones de pesos, nadie se había dado cuenta de lo que se­gún los fiscales estaba ocurriendo desde hacía 9 años con responsables, padrinos y testaferros.

Se habla de que algunos congresistas pudie­ran estar vinculados en este caso los que por te­ner jurisdicción privilegiada podrían ser en las próximas horas acusados ante la Suprema Cor­te de Justicia. El país debe respaldar esta valien­te cruzada profiláctica que ha iniciado un MP que, hoy sin los frenos ni las vinculaciones del Poder Ejecutivo, tiene luz verde para actuar con­forme a los méritos penales que tengan los ex­pedientes, para que, y como ha dicho el presi­dente de la República Luis Abinader, el que la hizo la pague, caiga quien caiga.

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