Luego de un allanamiento de más de once horas en la Cámara de Cuentas, denominado Operación Caracol, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró ayer que encontraron evidencias de “maquillaje” de auditorías.
Camacho indicó que en el referido organismo se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titulares, para encubrir actos que quebrantan la ley.
“Hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contarios a la ley”, dijo. Asimismo, acusó a la Cámara de Cuentas de ser “cómplice de la corrupción”.
“Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema, y no de la solución.
Ha sido cómplice de la corrupción… ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana”, manifestó.
Operación Caracol
Desde temprano en la mañana de ayer Camacho y unos 23 fiscales de la Pepca allanaron la Cámara de Cuentas, acompañados de un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, quienes tomaron el control perimetral del edificio.
También participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), El ministerio público informó que el allanamiento forma “parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Pepca, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, (que encabeza Yeni Berenice Reinoso). Las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”.
La investigación
Como parte de estas investigaciones, a la Procuraduría General de la República, que dirige Miriam Germán Brito, han acudido Álvarez Pérez, presidente de la entidad; el secretario, Carlos Noés Tejada Díaz y Margarita Melenciano. Además se investiga a Pedro Antonio Ortiz Hernández y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegios de jurisdicción.
En enero pasado la Procuraduría General de la República informó que sus fiscales detectaron “indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales integrantes”.
Agregó en un comunicado que las indagatorias contra la Cámara de Cuentas, “apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos”.
Álvarez Pérez ha asegurado que está tranquilo en medio de este proceso de investigación, y que en varias ocasiones alertó al entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, sobre supuestas irregularidades en procesos de auditorías.
También Margarita Melenciano reveló en un voto disidente de un proceso de auditoría todas las irregularidades que habían cometido los auditores y demás participantes.
EN PUNTOS
Resolución.
El allanamiento de ayer se produce con base en la Resolución 01-2021, dicatada el 18 de este mes por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Suprema Corte.
La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.
Perjucio del Estado.
El pleno y varios funcionarios de la CC son investigados por presunta violación al artículo 1 2de la Ley 133-11, del Ministerio Público, y varios artículos del Código Penal, así como de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado.
