En esta entrega semanal vamos a comentar parte de un informe que sobre la economía dominicana emitió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. En lo que denomina “rasgos generales de la evolución reciente”, la CEPAL dice que la República Dominicana enfrentó la crisis sanitaria del Covid-19 desde una posición fuerte si se le compara con otros países de la Región. Aunque CEPAL al momento de divulgar el informe dice que la economía dominicana se contrajo en 5,3% a raíz de la pandemia durante el 2020, la realidad fue que la contracción económica fue más lejos llegando a un (menos) 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) El organismo regional señala a sectores claves como, la caída del turismo y la construcción, aunado al distanciamiento social y las restricciones de movilidad, como factores esenciales de la baja en el crecimiento. Comenta que el país se vio obligado a incrementar el gasto público para enfrentar los desafíos de la pandemia, lo que dio como resultado en un agravamiento del déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) en un estimado del 4,8% del PIB. Según el estudio de CEPAL, la economía dominicana venía acarreando desde 2019 un déficit fiscal de un 2,3%/pib. Solo la caída en los ingresos del turismo -señala CEPAL- aumentó el déficit de la cuenta corriente a un 2,5% del PIB. Para enfrentar la desaceleración de la economía, las autoridades dominicanas implementaron varios programas de contención económica dirigidos a preservar el empleo tanto en el sector público como privado. Se estima que en transferencias monetarias a varios sectores vulnerables de la población, se gastaron más de RD$42,000 millones de pesos equivalentes a un estimado de $750 millones de dólares. Para esos fines, el Banco Central endureció su política expansiva que ya había sido puesta en marcha en el 2019 un año prepandemia. La crisis sanitaria hizo también que el país recurriera al auxilio de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se utilizó una línea de crédito de $150 millones de dólares, más otro préstamo concedido bajo el programa de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional por $650 millones de dólares. Asimismo, se hizo una colocación en bonos por el orden de los RD$40,000 millones o $684 millones de dólares provenientes de los Fondos de Pensiones que administran las AFP

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